El proyecto de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori ante el Congreso de la República es, sin exageración, el paquete de reformas económicas más ambicioso de los últimos años en el Perú. Propone desde la fusión de organismos reguladores hasta modificaciones sustanciales en el régimen de inversiones privadas, pasando por cambios en materia tributaria y laboral. Para las empresas peruanas, ignorar este proceso no es una opción: las decisiones que el Congreso tome en las próximas semanas moldearán el entorno regulatorio en el que operarán durante años. En este artículo analizamos, con perspectiva jurídica y empresarial, qué implica este proyecto para su organización y qué acciones concretas debe tomar ahora.
¿Qué son las facultades legislativas y por qué este proyecto es inusual?
Las facultades legislativas —también llamadas delegación de facultades— son el mecanismo constitucional mediante el cual el Congreso de la República autoriza al Poder Ejecutivo a legislar mediante decretos legislativos sobre materias específicas, por un plazo determinado y dentro de los límites fijados en la ley autoritativa. No es un mecanismo extraordinario en sí mismo; el Perú tiene larga experiencia con él. Lo que hace notable al proyecto del gobierno de Fujimori es la amplitud de las materias solicitadas y la velocidad con la que se busca implementar los cambios.
Según la información disponible al cierre de este artículo, el proyecto abarca al menos ocho grandes áreas: reactivación económica, simplificación administrativa, fusiones de entidades del Estado, régimen de inversiones privadas, sistema financiero, comercio exterior, política laboral y materia tributaria. Cada una de estas áreas tiene impacto directo en la operación diaria de cualquier empresa peruana, independientemente de su tamaño o sector.
Desde el punto de vista del derecho constitucional, la ley autoritativa debe fijar con claridad los límites de la delegación; de lo contrario, los decretos legislativos que se expidan podrían ser cuestionados ante el Tribunal Constitucional. Este es, precisamente, uno de los riesgos que los abogados corporativos deben tener en el radar: normas dictadas al amparo de una delegación cuya constitucionalidad pueda ser discutida generan incertidumbre sobre su vigencia y aplicabilidad.
Para consultar el texto del proyecto y su estado de tramitación en el Congreso, puede acceder al portal oficial: Portal del Congreso de la República del Perú .
Fusiones de entidades públicas: qué organismos reguladores podrían cambiar y cómo afecta a su sector
Uno de los aspectos más disruptivos del proyecto es la propuesta de fusionar, reorganizar o suprimir organismos reguladores y entidades supervisoras del Estado. Aunque los nombres específicos de las entidades involucradas están sujetos a negociación parlamentaria, los sectores más mencionados en los análisis previos son energía y minas, telecomunicaciones, transporte, medio ambiente y protección al consumidor.
Para las empresas, una fusión de entidades reguladoras no es un tema abstracto de reorganización burocrática: es un cambio operativo concreto. Implica, entre otras cosas:
- Interlocutores distintos: Los funcionarios con quienes su empresa tiene relaciones institucionales, trámites en curso o procedimientos administrativos pueden cambiar de entidad, con el riesgo de que los expedientes se extravíen o los plazos se reinicien.
- Cambios en las competencias sancionadoras: La entidad que fiscaliza y sanciona a su empresa puede variar, lo que modifica el procedimiento, los recursos administrativos disponibles y, eventualmente, la estrategia de defensa.
- Revisión de contratos con el Estado: Si su empresa tiene concesiones, licencias o contratos con el Estado vinculados a la entidad que se fusiona, debe evaluar si esos instrumentos requieren adendas o novaciones para reflejar al nuevo organismo competente.
- Posibles vacíos regulatorios temporales: Durante el proceso de fusión es común que se generen periodos de incertidumbre normativa en los que no queda claro qué entidad tiene competencia. Estos vacíos pueden ser favorables o desfavorables según el contexto, pero siempre generan riesgo legal.
La recomendación inmediata es elaborar un mapa de relaciones regulatorias de su empresa: identifique con qué entidades públicas interactúa, qué procedimientos tiene en curso y qué licencias o autorizaciones están vigentes. Ese inventario será la base para gestionar el impacto de cualquier reorganización.
Reformas al régimen de inversiones y derecho societario: oportunidades y riesgos legales
El proyecto incluye medidas orientadas a facilitar la inversión privada, lo que en términos de derecho societario puede traducirse en cambios en los requisitos de constitución de sociedades, regímenes especiales para determinados sectores, modificaciones en los procedimientos de registro ante la SUNARP, y posibles ajustes al sistema de garantías e hipotecas.
Para acceder al registro actualizado de sociedades y consultar los procedimientos vigentes en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) , le recomendamos monitorear su portal oficial durante los próximos meses, donde se publicarán las directivas que adapten los procedimientos registrales a la nueva normativa.
Desde la perspectiva del derecho societario, los puntos críticos a vigilar son:
- Modificaciones a la Ley General de Sociedades: Si el ejecutivo obtiene facultades en esta materia, podría modificar vía decreto legislativo disposiciones sobre juntas de accionistas, regímenes de responsabilidad de directores, requisitos de quórum y mayorías, y normas sobre disolución y liquidación.
- Nuevos regímenes especiales de inversión: Podrían crearse o modificarse regímenes como las asociaciones público-privadas (APP), los proyectos en activos (PA) y los convenios de estabilidad jurídica, con implicancias directas en cómo estructurar nuevas inversiones.
- Cambios en el régimen de garantías: Cualquier modificación al sistema de garantías mobiliarias o hipotecarias impacta directamente en la capacidad de financiamiento de las empresas y en las condiciones que exigirán los bancos para otorgar créditos.
Cambios tributarios y laborales: el impacto directo en la operación diaria de su negocio
Las facultades en materia tributaria y laboral son, históricamente, las que generan mayor impacto inmediato en la operación de las empresas. En el ámbito tributario, el proyecto busca medidas de reactivación que podrían incluir fraccionamientos especiales de deudas con la SUNAT, modificaciones en regímenes de devolución del IGV, y ajustes en el Impuesto a la Renta aplicable a determinadas actividades. Sin embargo, también podrían introducirse nuevas obligaciones de reporte o mecanismos antielusivos más estrictos.
En el ámbito laboral, aunque los detalles son aún preliminares, se menciona la posibilidad de ajustes en la contratación temporal, regímenes de teletrabajo, y modificaciones en las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo que son supervisadas por la SUNAFIL. Cualquier empresa con planilla debe estar atenta, pues los cambios en materia laboral suelen tener efectos retroactivos discutidos en sede judicial durante años.
La siguiente tabla resume las principales áreas del proyecto y su nivel de riesgo estimado para las empresas privadas:
| Área del proyecto | Tipo de impacto | Nivel de riesgo para empresas | Acción preventiva recomendada |
|---|---|---|---|
| Fusiones de organismos reguladores | Operativo / Administrativo | Alto | Mapear relaciones regulatorias y expedientes en curso |
| Régimen de inversiones / APP | Contractual / Societario | Medio-Alto | Revisar contratos con el Estado y cláusulas de estabilidad |
| Reformas tributarias | Financiero / Fiscal | Alto | Auditoría tributaria preventiva y revisión de contingencias SUNAT |
| Cambios laborales | Laboral / Compliance | Medio-Alto | Revisar contratos de trabajo, reglamentos internos y políticas |
| Simplificación administrativa | Operativo | Bajo-Medio | Identificar trámites actuales que podrían acelerarse |
| Comercio exterior | Aduanero / Logístico | Medio | Consultar con agente de aduana y revisar clasificaciones arancelarias |
| Sistema financiero | Bancario / Garantías | Medio | Revisar contratos de crédito con cláusulas de variación normativa |
Riesgos de compliance que los gerentes deben anticipar antes de que se promulguen los decretos
Uno de los errores más comunes que cometen las empresas ante procesos de reforma normativa masiva es esperar a que las normas estén promulgadas para empezar a adaptarse. Para entonces, los plazos de implementación suelen ser cortos, las sanciones por incumplimiento pueden ser inmediatas, y la competencia que se preparó con anticipación ya lleva ventaja.
En materia de compliance, los riesgos más relevantes en este contexto son:
- Riesgo de incumplimiento normativo transitorio: Durante el periodo entre la promulgación de una norma y la adecuación de los sistemas internos de la empresa, existe un intervalo de vulnerabilidad legal que puede generar multas o sanciones.
- Riesgo contractual: Los contratos vigentes pueden contener cláusulas que resulten inaplicables o contradictorias con la nueva normativa, generando incertidumbre sobre las obligaciones de las partes.
- Riesgo reputacional: En mercados con alta visibilidad pública, el incumplimiento de nuevas normas —aunque sea involuntario— puede tener consecuencias mediáticas.
- Riesgo en materia de protección de datos y privacidad: Si las reformas incluyen ajustes al régimen de datos personales, las empresas que manejan grandes bases de datos de clientes o empleados deben actualizar sus políticas con urgencia.
El compliance no es un gasto; es una inversión en continuidad operativa. Las empresas que tienen programas de cumplimiento normativo activos se adaptan significativamente más rápido a los cambios legislativos que aquellas que gestionan el riesgo legal de forma reactiva.
Lo que esto implica para tu empresa
Cuatro acciones concretas que todo gerente o ejecutivo debe iniciar ahora, antes de que los decretos legislativos sean promulgados:
- Encarga un diagnóstico regulatorio completo: Identifica todas las entidades públicas con las que interactúa tu empresa (SUNAT, SUNAFIL, INDECOPI, reguladores sectoriales, SUNARP) y mapea los procedimientos, licencias y contratos vigentes. Este inventario es tu punto de partida para gestionar cualquier cambio.
- Revisa tus contratos de alto valor con cláusulas de ajuste normativo: Los contratos con el Estado, concesiones, acuerdos de largo plazo con proveedores y contratos de financiamiento bancario suelen tener cláusulas que operan ante cambios legislativos. Entiéndelas ahora, no cuando el cambio ya ocurrió.
- Activa un comité de seguimiento legislativo interno: Designa un responsable —interno o externo— de monitorear el avance del proyecto en el Congreso, los decretos que se promulguen y las directivas que emitan las entidades supervisoras. La velocidad de la información es ventaja competitiva.
- Evalúa contingencias tributarias y laborales antes de que llegue la fiscalización: Un periodo de reforma normativa suele ir acompañado de mayor actividad fiscalizadora de SUNAT y SUNAFIL. Es el momento de hacer una auditoría preventiva, regularizar situaciones pendientes y fortalecer la documentación de tus operaciones.
Pasos concretos para proteger tu empresa durante el proceso de reforma normativa
La incertidumbre regulatoria no tiene que traducirse en parálisis empresarial. Existe un conjunto de acciones jurídicas y de gestión que, implementadas de forma ordenada, permiten a las empresas navegar estos periodos con el mínimo de exposición legal y el máximo de aprovechamiento de las oportunidades que toda reforma trae consigo. A continuación, el protocolo que recomendamos desde nuestro estudio:
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1
Análisis de impacto normativo personalizado
No todas las reformas afectan a todos los sectores por igual. El primer paso es encomendar a su asesor legal un análisis específico de qué disposiciones del proyecto —y de los decretos que eventualmente se dicten— son relevantes para el giro de su empresa, su estructura societaria y sus relaciones contractuales con el Estado y con terceros privados.
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2
Inventario de licencias, autorizaciones y procedimientos en trámite
Liste todas las licencias de funcionamiento, autorizaciones sectoriales, registros ante organismos reguladores y procedimientos administrativos que su empresa tiene en curso. Ante una reorganización de entidades, este inventario le permitirá hacer seguimiento activo y evitar que sus expedientes queden en un limbo institucional.
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3
Revisión y actualización de contratos clave
Identifique los cinco o diez contratos más importantes para la operación de su negocio —contratos con el Estado, acuerdos de distribución, contratos de suministro de largo plazo, financiamientos bancarios— y evalúe si sus cláusulas de ajuste, fuerza mayor y cambio de ley los protegen adecuadamente en el nuevo entorno normativo.
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4
Auditoría preventiva tributaria y laboral
Antes de que lleguen las fiscalizaciones —que históricamente se intensifican en periodos de reforma— revise su situación con SUNAT en materia de IGV, Impuesto a la Renta y retenciones. En lo laboral, verifique que sus contratos de trabajo, el reglamento interno y las políticas de seguridad y salud estén actualizados conforme a la normativa vigente.
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5
Monitoreo continuo del proceso legislativo
Establezca un mecanismo de alerta para seguir la tramitación del proyecto en el Congreso, los debates en comisiones, los dictámenes y, una vez aprobada la ley autoritativa, la publicación de cada decreto legislativo en el diario oficial El Peruano. El tiempo entre la publicación y la entrada en vigencia puede ser muy corto.
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6
Evaluar oportunidades en el nuevo marco normativo
No todo es riesgo. Las reformas orientadas a facilitar la inversión privada pueden abrir oportunidades: nuevas modalidades contractuales, acceso a regímenes de estabilidad jurídica, simplificación de trámites que reducen costos operativos, o nuevos esquemas de APP que permitan desarrollar proyectos antes inviables. Asegúrese de que su equipo legal también analice este lado de la ecuación.
Preguntas frecuentes sobre el proyecto de facultades legislativas y su impacto empresarial
Sí, siempre que la ley autoritativa incluya expresamente esa materia dentro de las facultades delegadas. La Ley General de Sociedades (Ley N.° 26887) es una ley ordinaria, por lo que puede ser modificada por decreto legislativo. Sin embargo, las modificaciones deben ceñirse estrictamente a lo autorizado por el Congreso; de lo contrario, podrían ser declaradas inconstitucionales. Si su empresa tiene contratos o estatutos que remiten expresamente a artículos de la LGS, deberá revisar si esos artículos fueron modificados una vez que se promulguen los decretos.
En principio, la norma de fusión debe establecer una cláusula de continuidad según la cual la entidad absorbente o nueva asume los procedimientos en trámite de la entidad absorbida. Sin embargo, en la práctica esto genera retrasos, cambios de funcionario a cargo y, en algunos casos, requerimientos adicionales de documentación. La recomendación práctica es acreditar formalmente que el expediente está en trámite —obteniendo una constancia o código de seguimiento— y hacer seguimiento activo para asegurarse de que el expediente migra correctamente a la nueva entidad.
Sí, absolutamente. El Congreso tiene plena facultad para aprobar el proyecto tal como fue presentado, modificarlo —ampliando o restringiendo las materias delegadas y los plazos—, o rechazarlo. En el contexto político actual, es esperable que el debate parlamentario produzca ajustes al texto original, por lo que monitorear las sesiones de las comisiones dictaminadoras es fundamental para anticipar el alcance real de las reformas antes de que sean ley.
En materia tributaria, la Constitución Política del Perú consagra el principio de no retroactividad. Sin embargo, existen matices importantes: las normas que crean beneficios o exoneraciones pueden tener aplicación retroactiva si favorecen al contribuyente, mientras que las que crean o incrementan cargas tributarias no pueden aplicarse hacia atrás. Si una norma del paquete de reformas modifica la base imponible, alícuotas o procedimientos de deducción, su efecto comenzará desde su vigencia, salvo disposición expresa en contrario que sea constitucional. Consulte a su asesor tributario para evaluar el impacto específico en su empresa.
Las empresas afectadas por un decreto legislativo que exceda el marco de la ley autoritativa tienen varias vías de cuestionamiento: (1) la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que puede ser interpuesta por las instituciones legitimadas para ello; (2) el proceso de amparo cuando el decreto afecte directamente derechos constitucionales de la empresa; y (3) la inaplicación por control difuso en un proceso judicial concreto, aunque esta vía tiene limitaciones importantes en el ordenamiento peruano actual. Desde el punto de vista estratégico, lo más relevante es documentar oportunamente el impacto concreto del decreto en los derechos e intereses de su empresa, pues esa documentación será la base de cualquier acción legal posterior.
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